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Boletín de noticias 12 de diciembre de 2011
EL TIEMPO
HUMAN RIGHTS WATCH, PROFUNDAMENTE PREOCUPADA POR REFORMA A LA JUSTICIA
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
El proyecto sería aprobado esta semana en el cuarto de ocho debates, en el Congreso de Colombia.
En una fuerte carta al Gobierno, la organización Human Rights Watch se declara "profundamente preocupada" por la reforma a la justicia que avanza en el Congreso y que ampliaría el fuero militar en Colombia.
Según HRW, de ser aprobada como está, la reforma no solo iría en contra vía de los estándares internacionales de derechos humanos sino que expondría al país a que casos como los "falsos positivos" terminen siendo remitidos e investigados por la Corte Penal Internacional.
"Este articulo -que permitiría que casos de violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública sean conocidos por el sistema de justicia militar¿ contraviene directamente la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se opone además a lo establecido por otros organismos internacionales de derechos humanos relevantes. Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares" dice HRW.
La carta fue dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al igual que a cuatro ministros y la Fiscal, Vivianne Morales.
Según la misiva, dado que la reforma "prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso, en relación con los casos conocidos como 'falsos positivos' (las muertes de civiles inocentes presentados por algunos miembros del Ejército como guerrilleros muertos en combate).
La carta está firmada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG estadounidense.
La Organización alega que la reforma se contrapone a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC), la Corte Suprema de Justicia (CS) y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia, que en reiteradas oportunidades han resuelto que el sistema de justicia militar no debería conocer casos de violaciones graves de derechos humanos.
Así mismo, dice Vivanco, también es contraría a los pronunciamientos y las decisiones de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
El artículo 11 del proyecto de acto legislativo reformaría la Constitución, al disponer que todos los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante operaciones se presumirán tener "relación con el servicio" y, por ende, estarán sujetos a la justicia penal militar
De acuerdo con HRW, la estructura misma de la justicia penal militar impide que pueda impartirse justicia de manera independiente e imparcial en casos de violaciones de derechos humanos. ¨La Comisión Interamericana ha señalado en varias oportunidades que "por su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana... El sistema de la justicia penal militar tiene varias características singulares que impiden el acceso a un recurso judicial efectivo e imparcial en esta jurisdicción...La naturaleza jerárquica de las fuerzas armadas, institución basada en una rigurosa cadena de mando, limita claramente
la capacidad de militares activos o retirados de juzgar con imparcialidad a personas que anteriormente pertenecieron a la misma institución o actualmente forman parte de las mismas filas", continúa el texto.
Además, dice, HRW el récord histórico de la justicia penal militar en Colombia muestra que no ha logrado que rindan cuentas quienes han violado los derechos humanos y tampoco se puede confiar en que remitirán los casos a la justicia ordinaria, como prevé el proyecto de ley.
"Su actual Ministro de Defensa ha defendido el mencionado proyecto asegurando que los tribunales militares remitirán los casos de violaciones de derechos humanos a la justicia penal ordinaria cuando existan evidencias de que se han cometido violaciones de derechos humanos. No obstante, por las mismas razones que no cabría confiar en que la justicia penal militar investigue y juzgue violaciones de derechos humanos, tampoco se puede esperar que remita los casos a la justicia ordinaria oportunamente para que se inicie una investigación penal adecuada", dice Vivanco.
BUSCAN PONER FRENO A MILLONARIO GASTO PÚBLICO EN GASOLINA
Solo en el sector central de la rama Ejecutiva la suma supera los 15 mil millones de pesos.
Este sector lo componen la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría.
Mientras el precio por galón de gasolina para los ciudadanos de a pie sube mensualmente en promedio entre 50 y 100 pesos, en el Estado son muchos los funcionarios que tienen subsidio de combustible.
El sector central de la rama Ejecutiva, la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han dispuesto de más de 15 mil millones de pesos este año para gasolina.
La enuncia es del senador de 'la U' Mauricio Lizcano, ponente de un proyecto de ley que busca regular los subsidios de combustibles a los trabajadores públicos, para que solo accedan a este las cabezas del Estado y no "funcionarios que no necesitan este beneficio para desarrollar sus actividades".
El congresista detectó, a través de derechos de petición, casos como el de la Registraduría Nacional, donde se han ejecutado, desde marzo a septiembre de este año, cerca de $ 240 millones en combustibles. Hasta el jefe de informática de esa entidad recibe el subsidio.
Según el senador, en el Ministerio de Hacienda se halló que, en un promedio mensual, calculado entre enero y octubre, se ejecutaron casi $ 11 millones en subsidios para 23 carros y 2 motocicletas.
Y aunque el monto no es comparable con el de la Registraduría, Lizcano se cuestionó: "¿cómo es posible que el director de Macroeconomía tenga gasolina ilimitada, si es un trabajo de oficina?".
Según el informe del congresista, una de las entidades con mayor asignación presupuestal para combustible es la Fiscalía. Para la vigencia de 2011, son más de $ 1.600 millones, de los cuales se han ejecutado 1.162 millones.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura tiene una asignación para este año de 127'883.000 millones de pesos.
"Hay que regular este tema para que no continúe el "despilfarro", afirmó Lizcano.
El proyecto de ley para restringir estos gastos, de autoría del senador liberal Luis Fernando Velasco, fue radicado en septiembre pasado y cuenta con ponencia positiva para primer debate.
A juicio de Velasco, los funcionarios públicos, "como el resto de mortales, usan sus carros para ir del sitio de trabajo a la casa y de la casa al trabajo". Por lo que, dijo, "lo más lógico es que paguen su gasolina". Explicó que en el proyecto se excluyen a los carros operativos como los de la Policía, Bomberos, ambulancias y carros de seguridad de escolta.
La iniciativa también busca que se elimine este subsidio a algunas dependencias del Congreso de la República.
"Colombia tiene una de las gasolinas más caras del mundo (...) y debido a una errada política pública, los ciudadanos vienen pagando un precio que está inflado (...) La pregunta es si esta política está afectando de la misma forma a los altos funcionarios del Estado", dice el proyecto.
Polémica comenzó en Senado
Se estipuló gasto mensual promedio de $ 38 millones
La polémica por el uso de subsidios de combustible por parte de funcionarios públicos se desató por cuenta de una resolución que emitió la mesa directiva del Senado el 26 de julio pasado. Esta revivió el subsidio a los cuadros directivos del Senado y a otras dependencias de la cámara alta. Según ese documento, el promedio de gasto mensual ascendería a los 38 millones de pesos. Tras la polémica, el presidente de la corporación, Juan Manuel Corzo, renunció a hacer uso del beneficio.
MINISTRO JUAN CARLOS ESGUERRA DEFIENDE REFORMA DE LA JUSTICIA
El Gobierno espera que las cortes vuelvan a los debates y se realice el proyecto.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, responde en entrevista con EL TIEMPO a las críticas que le llueven por estos días al proyecto de reforma de la Justicia. Esguerra advierte que la iniciativa seguirá su trámite, pero invita a las cortes a volver a los debates en el Congreso.
¿Qué tanta legitimidad tendrá una reforma de la que se retiran las cortes diciendo que se le está restando independencia a la rama?
En estricto sentido constitucional, la legitimidad se la da el hecho de surtir los trámites en el Congreso. Pero creo que hay una legitimidad que va más allá, aquella que da el hecho de haber incluido en su discusión a las tres ramas del poder público, haber escuchado a la academia y a los estudiantes. Eso será lo que le dé la legitimidad que requiere una reforma como esta.
La reforma ha recibido críticas de muchos sectores. ¿El proyecto sigue adelante, contra viento y marea?
No me gusta la expresión contra viento y marea. El Gobierno cree en las bondades de la reforma. Mi impresión es la de que el Congreso cree lo mismo y yo creo que las propias cortes también creen en muchas de las cosas de la reforma. Las cortes participaron de todas las discusiones y nunca expresaron estar en desacuerdo con el texto como un todo, ni con que hubiera reforma. El mismo Gobierno ha expresado discrepancias sobre aspectos concretos. Eso no puede traducirse en que la reforma quede expósita o se entierre.
¿No se está convirtiendo el proyecto en una especie de 'Frankenstein' al que le añaden cada vez más cosas, como la famosa supercorte que investigaría y juzgaría a magistrados y congresistas?
Han surgido propuestas nuevas, eso es verdad. Unas para mejor, otras no tanto y entonces habrá que seguir discutiéndolas y procurar que se llegue a una fórmula que sea la ideal. En eso consiste el debate democrático. Pero porque antes de llegar a la mitad de los debates algunas personas consideran que el proyecto no es bueno, ¿entonces nos olvidamos del proyecto? A algunos sectores se les olvida que llevamos diez años hablando de este tema.
¿Qué no le gusta de la reforma como va?
El Gobierno espera ajustes frente a algunos aspectos. Por ejemplo, el Gobierno está convencido de que en el juzgamiento de los aforados constitucionales, de los congresistas, debe tener parte activa la Corte Suprema de Justicia.
Las cortes han pedido al Gobierno que explique en qué ha fallado la elección del Procurador o la Contralora, para que se pretenda eliminar su participación en ese proceso...
No estamos hablando de una elección en particular. El país ha percibido y criticado que por la vía de esa forma de elección se politizaron un tanto las altas cortes y algunos tribunales regionales. Eso resulta inconveniente no porque la política tenga algo de malo, pero sí porque la influencia de la política en la Justicia no es deseable.
La Corte Suprema dice que hay riesgo de un cierto revanchismo por investigaciones que ha llevado a cabo...
La verdad, me resisto a creer y no he encontrado expresión ninguna de que lo que hay es un espíritu de esa naturaleza. Estos temas son tan serios que se deben enfrentar con grandeza. Eso significa estar por encima de pasiones y pensando solo en el bien del país, de la Justicia.
¿Durante el receso legislativo el Gobierno va a buscar a las cortes?
Ese tiempo va a ser oportunísimo para la reflexión, el estudio, las conversaciones, para que se busque la manera de conseguir que en los cuatro debates que están faltando estemos presentes todos los que deseablemente debemos estar presentes. Ya lo dije: a mí me parece muy importante que estén las cortes.
Esguerra niega desequilibrio entre poderes
¿No se está creando un superejecutivo con demasiados poderes?
En absoluto. Para mí, uno puede estar en desacuerdo con algunos puntos de la reforma y eso es respetable, pero no creo que pueda afirmarse, como algunos han dicho, que ella esté descomponiendo el equilibro en los poderes por estar fortaleciendo al Ejecutivo o el Legislativo. Si se mira con cuidado y desapasionadamente se ve que hay el deseo de arreglar problemas, de corregir algunas fallas estructurales que solo la experiencia demostró que eran fallas, pero no por supuesto el propósito de descomponer la armonía en los poderes.
ESTADOUNIDENSE AL QUE ICBF NEGÓ ADOPCIÓN POR HOMOSEXUAL LLEGA AL PAÍS
Burr vino en marzo al país y estuvo de paseo con los niños en Santander y Santa Marta.
'Soy gay y sé que puedo ser un buen papá', dijo Chandler Burr a EL TIEMPO.
El cuarto de Brian y Joseph Burr, en un apartamento de Nueva Jersey (Estados Unidos), está listo, esperando por ellos. Tiene un camarote, un oso de peluche gigante y sendas camisetas de los Cachorros, el equipo de béisbol de Chicago, marcadas con sus nombres.
Hasta hace unos meses, este par de hermanos hacían parte de los 8.811 niños de difícil adopción que crecen bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la espera de un hogar. Ellos, de 10 y 13 años, abandonados desde muy pequeños, analfabetos -según su historial en el ICBF-, encontraron a un padre soltero dispuesto a darles una familia: el estadounidense Chandler Burr, periodista y columnista de The New York Times. Pero fueron separados de él cuando admitió que es homosexual.
Burr llega hoy a Bogotá a dar la pelea por sus hijos. El ICBF, que en marzo pasado le entregó la patria potestad de los pequeños tras comprobar su idoneidad como padre, y que decidió aplazar la entrega al conocer su orientación sexual -ya estaban dispuestos la entrega y el viaje a Estados Unidos-, lo citó a una entrevista con la Defensora de Familia encargada del caso.
"Aquí lo que más importa es la voz de los niños, que digan qué sienten", asegura el director del Instituto, Diego Molano Aponte, al explicar que la entidad decidió conservar a los niños al determinar que este caso, además de representar una novedad, merece un análisis especial.
El funcionario reconoce la dificultad jurídica de la situación. "En Colombia, las parejas homosexuales no pueden adoptar niños, pero no hay legislación sobre los solteros homosexuales que quieran adoptar, porque no es requisito preguntarle al adoptante su identidad sexual", advierte.
Burr tiene mucha fe. "Ellos me quieren, como yo los quiero. Me llaman 'papi'. Por intermedio de la madre sustituta nos comunicamos vía Skype. Me dicen: 'Te queremos', 'te extrañamos', '¿cuándo estaremos juntos?'. Esto ha sido muy doloroso", cuenta el periodista, que aprendió español para comunicarse con ellos.
'Ya somos una familia'
El estadounidense, de 47 años, considera que su homosexualidad no tiene nada que ver con sus habilidades para ser padre. Además, dice estar seguro de querer ser un buen papá y de que sus hermanos, padres, primos, tíos y amigos serán una familia para Joseph y Brian.
"Pude haber sido padre por inseminación artificial, pero he vivido en varios países donde hay muchas necesidades y sé que hay muchísimos niños en el mundo que necesitan padres", cuenta Burr, al recordar esas cuatro semanas que pasó con los niños en Nueva York, cuando los dos hermanos viajaron, en el 2009, gracias a un programa del ICBF que busca conseguirles un hogar en el extranjero a los niños de difícil adopción.
"Estuvieron en un campamento de verano, hacían deporte, arte, iban al zoológico, comíamos perros calientes, les compré patinetas, íbamos a cine. Les encantaba el metro", dice Burr, y añade que su madre está devastada. "Ella los cuidaba cuando yo estaba ocupado, les enseñaba inglés. Va a ser igual cuando estén acá", dice optimista.
De hecho, ya tiene listos los tiquetes de los niños y espera no tener que cancelarlos. Prefiere no pensar en que el Bienestar decida retirarle la patria potestad de los pequeños y que ellos pierdan la posibilidad de tener una familia, y él, la oportunidad de ser papá. Pero si eso llega a pasar, dice que nunca dejará de luchar por recuperarlos.
En todo este proceso, Burr ha contado con el acompañamiento de Dejusticia, el centro de estudios de derecho que lideran los abogados Rodrigo Uprimny y Mauricio Noguera, que no le han cobrado un peso. "Soy periodista, no gano mucho dinero", aclara Burr, y agradece también el respaldo que ha tenido en las redes sociales, tanto de gays como de heterosexuales.
"Quiero ser respetuoso de las preocupaciones del ICBF -aclara-. Mi homosexualidad no es un asunto importante en mi país. Aquí, hay muchas personas gays que tienen hijos. Sé que esto es inusual para el Instituto, que se ve extraño para ellos; pero para nosotros, aquí, es extraño que sea extraño".
Así va este caso jurídico
La decisión es de la Defensora de Familia, aunque la Corte Constitucional evalúa una tutela que se falló dos veces a favor del ICBF.
'GOBIERNO DEBE RETIRAR LA REFORMA A LA JUSTICIA': CORTE SUPREMA
El Presidente de la Corte asegura que el proyecto apunta a fortalecer el Poder Ejecutivo.
El presidente de ese tribunal dice que algunos articulos afectan la esencia de la Carta del 91.
El magistrado Camilo Tarquino, dice que dichos artículos no aguantarían control constitucional.
Camilo Tarquino, presidente de la Corte Suprema, no descarta que ese tribunal regrese a las discusiones de la reforma de la Justicia, si se corrige el rumbo de los debates en el Congreso. Pero si el proyecto sigue como va, advierte el magistrado, lo mejor para el país sería que el Gobierno lo retire.
¿Qué es lo que más le preocupa a la Corte Suprema de la Reforma de la Justicia?
Nos preocupa el rumbo que tomó el proyecto de reforma y lo que fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara. A nosotros nos parece equivocado. Quiero decir con esto que si hemos acompañado el proyecto de Reforma es porque así fue convocado por el Gobierno, pero desde sus inicios la Corte Suprema mostró los inconvenientes que ella tenía y su inconformidad frente a temas como que la función jurisdiccional fuera llevada a cabo por autoridades administrativas o particulares. También porque se sustrae a la Corte Suprema, más concretamente a la Sala Penal, de su labor de investigar a funcionarios con fuero, como los congresistas. Llamamos la atención a la sociedad colombiana para que se mire con mucha objetividad esta reforma. De pronto pudiera pensarse que podría ser un instrumento de retaliación por investigaciones que la Corte ha llevado a cabo. Si la sociedad colombiana no está de acuerdo con la labor que ha hecho la Corte, pues que se modifique o se reforme, pero si lo ha hecho bien, lo bueno no tiene por qué reformarse.
El escenario legítimo de estas discusiones es el Congreso. ¿Por qué retirarse del debate?
No desconocemos la Constitución. Desde luego que los magistrados acatamos lo que apruebe el Congreso. Pero si la Corte siguiera asistiendo a esos debates estaría casi que legitimando un procedimiento que no le parece adecuado.
¿Qué debería pasar con la reforma?
El proyecto debería ser retirado, bajo las condiciones en las que se encuentra. Un proyecto de reforma debe ser general, no debería ser un retazo más. El mismo Presidente de la República ha dicho que de pronto no está bien diseñado. Lo que se debe hacer es retirarlo para hacer uno que sí sea bueno, que colme las expectativas.
Dicen algunos sectores que las cortes no quieren que les quiten poder, como la posibilidad de participar en la elección de funcionarios...
Primero que todo, nosotros no elegimos. Cada corporación, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, da un nombre, pero el Congreso elige. En segundo lugar, esto no fue creación de la Justicia, fue el Constituyente de 1991 el que estableció pesos y contrapesos y consideró ajustado que fueran las cortes las que postularan. No entendemos por qué empieza a resquebrajarse ese querer de la Asamblea Nacional Constituyente, eliminando estas funciones.
¿Usted pensaría que esta reforma afecta el espíritu de la Constitución del 91?
Desde luego que hay un cambio definitivo. Por ejemplo, el mandato de que sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los congresistas. Con este cambio se está modificando lo que allí se señaló. También en lo que tiene que ver con la independencia y autonomía de la Rama Judicial. No sé hasta dónde el Constituyente derivado del Congreso, podría hacer esos cambios mediante una reforma constitucional. No debe olvidarse que se ha dicho que esta reforma podría caerse en el examen que haga la Corte Constitucional, porque prácticamente desvertebraría el diseño de la Constitución del 91, la separación de las ramas del poder público.
OBSOLETA JUSTICIA COLOMBIANA
Por: Guillermo Santos Calderón
Ya existen tecnologías muy eficientes para hacer interrogatorios y diligencias judiciales en forma remota y virtual sin que la experiencia sea diferente a las que se hacen en forma presencial.
La justicia colombiana se debe modernizar para ser más eficiente y reducir los enormes costos que se causan gracias a su obsolescencia. Los traslados de presos a los juzgados en los que son requeridos está costando al Estado, a la fecha, 23.000 millones de pesos, ya que algunas necesitan del acompañamiento de varios guardias del Inpec, tiquetes de avión y viáticos para el recluso y sus acompañantes. Algunos presos de alto riesgo se desplazan con dos guardias, otros hasta con 40, 100 policías y avión fletado.
En 2010 se efectuaron 241.400 remisiones de presos, es decir, 21.945 al mes, 736 al día o 61 por hora. En 2011 esta cifra va en 319.385, o sea 29.035 por mes, 967 al día o 80 por hora. En estos cálculos no se incluyó diciembre y se asume que los meses son de 30 días y que las horas diarias de trabajo son 12. Para empeorar la situación, hay jueces a los que aparentemente estos costos les importa un comino ya que aplazan audiencias sin razón alguna, estando el preso y los guardias del Inpec en el sitio. El juez del caso de Eduardo Dávila, dueño del Unión Magdalena, aplazó tres veces la audiencia, que tendría lugar en Medellín, triplicando así los costos de traslado.
Ya existen tecnologías muy eficientes para hacer interrogatorios y diligencias judiciales en forma remota y virtual sin que la experiencia sea diferente a las que se hacen en forma presencial. Las salas de telepresencia de Cisco y otras tecnologías similares hacen que se puedan hacer interrogatorios en forma remota y virtual sin que se afecten el proceso y sus resultados. Estas tecnologías pueden hacer que las diligencias de remisión desaparezcan. No tendrían que existir desplazamientos ni del preso al juzgado ni del juez a la cárcel. ¿Será que algunos jueces no quieren perder los viáticos cuando viajan a una audiencia en una cárcel? ¿Será que son tan anticuados que esto les genera rasquiña? Pues, si esto es así que vuelvan a las máquinas de escribir, a los telegramas y a los LP de acetato.
Con 23.000 millones de pesos se puede implementar una sala de telepresencia en las 144 cárceles del país y varias en las ciudades a las que más se trasladan presos y sobraría plata. Eso sí, se requiere que la justicia colombiana abra su mente y acepte estas nuevas tecnologías. El Consejo Superior de la Judicatura está en mora de tener en cuenta estas tecnologías para abaratar costos y emitir normas que les abran la puerta a diligencias virtuales y si no lo hace, lo que es muy posible, se debería presentar una ley para este efecto.
EL NUEVO SIGLO
ALTERNATIVAS PARA LA REFORMA
* ¿Hundirla, corregirla o ‘adelgazarla’?
En todo un vía crucis terminó convertido el tránsito del proyecto de reforma judicial en el Congreso. Aunque desde el mismo momento en que el Gobierno radicó la iniciativa, en agosto pasado, sin alcanzar un consenso con las altas cortes judiciales, se sabía que no sería fácil su trámite parlamentario, nadie previó el accidentado camino de estos primeros cuatro debates.
Si bien la Casa de Nariño ha tratado de direccionar sus mayorías en Senado y Cámara para que el proyecto más importante de la legislatura avance sin traumatismos ni mayores polémicas, lo cierto es que el articulado sufrió grandes cambios a medida que superó las discusiones y aprobaciones en comisiones y plenarias. Es más, como lo indicara el análisis dominical de este diario, entre la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara esta semana y la iniciativa gubernamental original hay muchas diferencias e incluso contradicciones.
El panorama difícilmente podía ser más complicado. El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se retiraron de las discusiones en el Congreso, en medio de un alud de críticas. Los peros van desde una afectación de la autonomía judicial, el rompimiento del equilibrio entre las ramas del poder público y graves peligros institucionales por la asignación a particulares de funciones de administración de justicia, hasta las advertencias de que el proyecto no soluciona de raíz los problemas más graves, como la morosidad judicial y la impunidad. Otros sectores políticos y de la academia hablan de un ánimo revanchista parlamentario contra las altas cortes y no pocos analistas consideran que quitarles a los máximos tribunales las facultades electorales o nominadoras para Fiscal, Procurador, Contralor o Registrador, y dejarlas en cabeza principalmente del Congreso, sólo daría pie a una politización de los entes de control. Tampoco faltan los que consideran que los bandazos dados en el trámite del proyecto frente a asuntos como el juzgamiento de los funcionarios aforados (magistrados, congresistas o el mismo Presidente de la República), evidencian la grave improvisación que prima en el trámite de una reforma de tantas implicaciones institucionales. Aunque el Gobierno admite que hay algunas falencias en lo hasta ahora aprobado, defiende la pertinencia del resto de la iniciativa y considera que hay tiempo suficiente para corregir, en la segunda vuelta, los puntos débiles.
¿Qué hacer? Hay tres escenarios posibles. El primero se refiere a una idea que ha venido tomando fuerza en las últimas semanas, incluso dentro del mismo Congreso, y es analizar la posibilidad de hundir la iniciativa, bajo la tesis de que ha sido tal su grado de desfiguración e incoherencia institucional, que seguir adelante en su trámite sería suicida para principios básicos constitucionales como el equilibrio y autonomía de poderes.
Una segunda opción se dirige a la tesis de que el grueso de la reforma es positivo y que la sana lógica recomienda salvar el proyecto en esta primera vuelta para que, luego, bajo el liderazgo del Gobierno, el compromiso de los partidos de la coalición de Unidad Nacional y la convocatoria a la cúpula judicial, se trabaje en el período de receso legislativo, de forma tal que cuando se abra el quinto debate haya un acuerdo para subsanar los puntos más polémicos de la iniciativa.
Y un tercer escenario se basa en ‘adelgazar’ desde ya el articulado, quitando del mismo las propuestas que generan mayor discusión, de forma tal que siga adelante todo aquello sobre lo que hay consenso, y se cite de nuevo una mesa de concertación con las altas cortes para discutir otra vez los asuntos que marcan diferencias, con el objetivo y compromiso de presentar un proyecto aparte el próximo año sobre esos asuntos puntuales.
Corresponderá a la Casa de Nariño y el Congreso analizar estas alternativas o definir si vale la pena sacar avante una reforma judicial que, sin desconocer muchos aspectos positivos, arrastra la polarización y la desconfianza de muchos sectores nacionales.
GOBIERNO SE QUEDÓ SOLO EN DISCUSIÓN DE REFORMA JUDICIAL EN CONGRESO
Sin la presencia de las altas Cortes quedó la discusión del proyecto de reforma a la justicia en la Cámara de Representantes. Ayer el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church, anunció que la Sala Administrativa de ese alto tribunal también se retira del debate.
El anuncio lo hizo ayer el magistrado durante la condecoración de la medalla José Ignacio de Márquez en el Palacio de Justicia, evento al que asistió el ministro Juan Carlos Esguerra, al considerar que la iniciativa es contradictoria y no combate las causas de la congestión.
“El proyecto no aborda los retos más inminentes del sistema judicial, como las causas de la congestión, el desconocimiento reiterado de la jurisprudencia por las autoridades administrativas, la consistencia del sistema jurídico y su correlación con la protección de los derechos, el desarrollo económico y la competitividad, el acceso igualitario y universal a la administración de justicia y su cobertura descentralizada, la articulación institucional de los organismos públicos en un contexto de respeto al principio de separación de las Ramas del Poder Público y muchas otras materias ausentes del proceso precipitado de deliberación y aprobación”, explicó Monroy Church.
El proyecto de reforma constitucional contempla eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Esta decisión de retirarse de la discusión de la reforma, se suma a la tomada el martes en la noche por la Corte Suprema de Justicia y el 21 de noviembre por el Consejo de Estado.
Actualmente sólo queda en la mesa del debate la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que ha salido fortalecido en los distintos debates del Congreso.
No obstante, el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que el Gobierno hoy más que nunca está convencido de las bondades del Proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia, y que esta iniciativa representa enormes ventajas para que los colombianos accedan a una justicia más pronta y efectiva, y descartó que se esté pensando en retirar la iniciativa del Congreso.
Ponencia
El martes en la noche fue radicada la ponencia del proyecto de reforma judicial para cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el que se le quita la competencia a la Corte Suprema de Justicia de juzgar en primera instancia a los congresistas. Según la ponencia, la primera instancia será realizada por un tribunal especial, conformado por seis magistrados elegidos entre otros por el presidente de la República y el Congreso.
Por su parte, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra afirmó que esta fórmula garantiza la autonomía en el juzgamiento de los aforados. Sin embargo, el alto funcionario indicó que de todas maneras este aspecto se podría pulir, pero lo que se busca es que no haya impunidad en los juzgamientos.
De igual manera, Esguerra resaltó también el aspecto de la ponencia en el que se le quitan las facultades de las altas cortes para componer las listas de elección de altos funcionarios. Actualmente, los altos tribunales participan de la elección del Procurador, Contralor, Auditor general y del Registrador.
La ponencia contempla que estos altos funcionarios serán elegidos por el Congreso, de listas conformadas por el Presidente de la República.
AL APROBAR FUERO MILITAR SE ABRIRÍAN PUERTAS A CPI
Asegurando que no se puede calificar a los militares de presuntos criminales, se pronunciaron los ponentes del proyecto de Reforma a la Justicia.
Ante la advertencia de Human Rights Watch sobre la aprobación el fuero militar dentro de la reforma y la entrada de la Corte Penal Internacional (CPI), los ponentes opinaron al respecto.
El coordinador ponente del proyecto, Orlando Velandia, señaló que no se debe confundir la actividad de la justicia penal en los casos donde haya uniformados involucrados y que la justicia ordinaria podría revisar los delitos comunes o fuera del servicio militar.
“Una cosa es el fuero militar, la presunción en el rango constitucional (de la inocencia del uniformado) y otra es tener claro que hay claras competencias de la justicia ordinaria cuando se trate de delitos de lesa humanidad”, explicó Velandia.
José Miguel Vivanco, director de la ONG, envió una misiva al presidente Juan Manuel Santos, y a sus ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, advirtiendo que si se aprueba el fuero militar dentro de la reforma se abrirían las puertas a la corte penal internacional, que podría revisar hasta los falsos positivos.
Vivanco asegura que al permitir que todos los actos de los uniformados sean calificados “de servicio” habría impunidad, ya que todos irían directamente a la justicia militar, y no a la ordinaria.